LEÓN, Gto. – El Ayuntamiento de León avanza firmemente en una reforma integral al Reglamento de Adquisiciones que obligará a todos los proveedores del municipio a registrar sus datos biométricos como requisito indispensable para celebrar contratos públicos. Esta medida busca erradicar de forma definitiva la operación de empresas fachada y esquemas de simulación en las licitaciones locales.

Un candado contra las empresas fachada

La propuesta, que ya se analiza en la Comisión de Patrimonio y Cuenta Pública, surge tras detectarse adjudicaciones directas millonarias a un proveedor cuya sede fiscal declarada resultó ser una vivienda en total abandono. Ante este vacío, las autoridades buscan migrar de una verificación meramente documental a una validación física e infalsificable de la identidad de los contratistas.

Con el nuevo protocolo, los representantes legales deberán acudir a las oficinas municipales para realizar el escaneo de huellas dactilares y reconocimiento facial. Estos datos serán confrontados en tiempo real con las bases del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para garantizar que los concursantes existan jurídicamente y no utilicen prestanombres.

Transparencia y ciberseguridad

De acuerdo con las comisiones del Ayuntamiento, el dictamen final pondrá especial énfasis en los protocolos de ciberseguridad para garantizar el correcto resguardo y la absoluta confidencialidad de la información biométrica de los particulares, alineándose con las normativas de protección de datos personales. Una vez aprobado en comisiones, el proyecto será turnado al Pleno del Ayuntamiento para su votación definitiva y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

---

Aquí tienes la imagen diseñada para acompañar la publicación de la nota en plataformas digitales o prensa escrita:

Análisis de imagen: El diseño conceptual muestra un entorno de oficina corporativa o gubernamental en León, donde destaca una interfaz digital moderna que escanea datos biométricos mediante huellas dactilares y reconocimiento facial sobre documentos oficiales de contratación, simbolizando la transparencia, seguridad y legalidad en los procesos de licitación pública.