Salamanca, Guanajuato. El dolor de las desapariciones en México volvió a teñirse de sangre el pasado 9 de mayo de 2026. En vísperas de la conmemoración del Día de las Madres, Patricia Acosta Rangel y su hija, Katia Citlali Jáuregui Acosta, fueron emboscadas y asesinadas a tiros mientras se transportaban en una motocicleta por las calles de este municipio. Ambas eran integrantes activas del colectivo «Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos».

El crimen ha desatado una ola de indignación nacional y expone, una vez más, la desprotección absoluta en la que operan las familias que dedican su vida a buscar a los suyos en una de las regiones más violentas del país.

El origen de la lucha

La historia de Patricia y Katia está marcada por el calvario que viven miles de hogares en Guanajuato. Patricia se sumó a las brigadas de búsqueda tras la desaparición de su hijo, Miguel Ángel Jáuregui Acosta. Tras meses de rastreos en fosas clandestinas y carpetas de investigación, el cuerpo del joven fue localizado e identificado en marzo de 2025.

A pesar de haber encontrado el destino de su familiar, el compromiso de Patricia y Katia no terminó. Ambas decidieron permanecer en el colectivo de forma voluntaria para brindar su experiencia, apoyo emocional y acompañamiento a otras madres que apenas comenzaban su doloroso camino. Esa solidaridad les costó la vida.

Un 10 de mayo sin nada que celebrar

La respuesta de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos no se hizo esperar. El 10 de mayo, una fecha destinada socialmente a la celebración, se transformó en Salamanca en una jornada de luto, rabia y protesta.

Bajo la consigna «Nada que festejar, mucho por qué luchar», decenas de mujeres y familiares de desaparecidos marcharon por las vialidades principales para exigir justicia inmediata. Con pancartas con los rostros de las víctimas, las manifestantes evidenciaron que en Guanajuato buscar a un hijo es una sentencia de muerte.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y múltiples colectivos locales emitieron pronunciamientos contundentes dirigidos a las autoridades:

• Investigación expedita: Exigen a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato indagar el doble homicidio bajo protocolos estrictos de perspectiva de género y de agresiones contra defensores de derechos humanos.
• Protección real: Denuncian la ineficacia de los mecanismos de protección para activistas y buscadoras, quienes constantemente reciben amenazas de los grupos del crimen organizado que operan en la zona.
• Garantías de seguridad: Solicitan la intervención de los tres niveles de gobierno para frenar la violencia sistemática contra las brigadas civiles de búsqueda.

Guanajuato: Territorio hostil para las madres

El asesinato de Patricia y Katia no es un hecho aislado. Se suma a una trágica lista de buscadoras ejecutadas en el estado durante los últimos años, consolidando a Guanajuato como uno de los epicentros más peligrosos para el activismo de desaparición forzada. Hasta el momento, las autoridades estatales no han reportado personas detenidas ni han esclarecido el móvil del ataque, mientras el miedo y la exigencia de justicia crecen entre las familias que se niegan a dejar de buscar.