LEÓN, GUANAJUATO. – La reciente contratación de un estudio de viabilidad para un sistema de transporte masivo de tipo «metro elevado» ha encendido el debate político y social en el municipio. El Instituto Municipal de Planeación (Implan) formalizó un pago por 1 millón 287 mil pesos a la empresa Gerinpro Consultores, reactivando las exigencias de transparencia por parte de la ciudadanía y la oposición.

El dictamen técnico, cuyo plazo de entrega está programado para octubre de 2026, tiene como objetivo evaluar si la infraestructura urbana de la ciudad es apta para soportar tecnologías como un monorriel o un tren ligero elevado.

Opacidad y prioridades bajo la lupa

La asignación de estos recursos públicos provocó reclamos inmediatos por parte de colectivos de movilidad y regidores de oposición, quienes acusan una falta de claridad en el proceso de selección de la consultora. Entre los principales puntos de conflicto destacan:

• Ambigüedad en el proceso: Denuncian que el proyecto se manejó inicialmente bajo el concepto genérico de «tecnologías alternativas», lo que impidió un escrutinio público oportuno sobre la intención de evaluar un tren elevado.
• Confusión presupuestal: Aunque este contrato específico ronda los 1.2 millones de pesos, se han señalado discrepancias con proyecciones oficiales previas, las cuales sugerían que la bolsa total para estudios complementarios (ambientales y de costo-beneficio) podría escalar hasta los 20 millones de pesos.
• Crisis en el transporte actual: Activistas cuestionan la pertinencia de financiar proyectos a largo plazo cuando el Sistema Integrado de Transporte (SIT) Optibús enfrenta problemas cotidianos urgentes, como el déficit de unidades y los tiempos de espera prolongados.

La postura oficial

Por su parte, las autoridades municipales defienden la inversión argumentando que el SIT —inaugurado en 2003— se encuentra cerca de su límite de capacidad. El gobierno local sostiene que planificar una alternativa de alta tecnología es un paso indispensable para garantizar la movilidad de León en las próximas décadas, aclarando que este análisis no implicará la desaparición del sistema de autobuses actual.

La discusión permanece abierta en el ayuntamiento, mientras los sectores sociales exigen que se transparenten los anexos técnicos y los avances del estudio de manera periódica antes de comprometer más recursos públicos.

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