Las autoridades federales mantienen bajo resguardo diversas estaciones de servicio tras detectar irregularidades en la procedencia del combustible; el operativo busca desarticular redes de comercio ilegal en el Corredor Industrial.

LEÓN, GUANAJUATO. – En un esfuerzo por frenar el mercado negro de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha desplegado una serie de operativos estratégicos en la ciudad de León. Hasta la primera semana de mayo de 2026, varias estaciones de servicio permanecen aseguradas y bajo investigación por la presunta venta de combustible robado o no declarado, bajo la modalidad conocida como «huachicol fiscal».

El rastro del combustible ilegal

Las investigaciones, que cobraron fuerza tras cateos realizados en los meses de marzo y abril, se han concentrado en puntos clave de la ciudad. Entre las zonas intervenidas destacan estaciones en las colonias Arbide y Killian II, donde los sellos de la FGR (con el número de carpeta de investigación FED/GTO/LEON/0000) impiden el paso y la operación.

De acuerdo con fuentes oficiales, el modus operandi detectado no solo involucra la sustracción directa de ductos, sino la compra de combustible a proveedores no autorizados que no logran acreditar la legalidad del producto mediante facturas oficiales de Pemex o pedimentos de importación.

Acciones en el Corredor Industrial

Este operativo en León no es un hecho aislado. Apenas este 3 de mayo, las fuerzas federales reportaron un decomiso masivo de más de 455,000 litros de hidrocarburo en municipios vecinos como Salamanca e Irapuato.

La Gobernadora Libia Dennise García ha señalado que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para «limpiar» el sector energético en Guanajuato, un estado históricamente golpeado por este delito. «El objetivo es garantizar que lo que los ciudadanos pagan en la bomba sea combustible legal y seguro», afirmaron autoridades de la Secretaría de Seguridad y Paz.

Impacto y consecuencias

Además de la clausura de las bombas, las investigaciones buscan vincular a proceso a los propietarios de los establecimientos. Las sanciones por la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita pueden alcanzar penas de hasta 20 años de prisión, según la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Por ahora, las gasolineras intervenidas continuarán bajo resguardo federal mientras se desahogan las pruebas y se determina el origen exacto del combustible confiscado.