El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, marcó este lunes un precedente histórico en la relación bilateral con los Estados Unidos al formalizar una serie de denuncias penales ante las fiscalías estatales del país vecino y el Departamento de Justicia. La medida responde al fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos bajo resguardo o durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La administración federal mexicana calificó estos decesos directamente como «homicidios», abandonando las tradicionales notas de protesta diplomática para trasladar la batalla al terreno de los tribunales penales estadounidenses. Con el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca castigar penalmente a los funcionarios y operadores responsables de estas muertes.

Negligencia corporativa bajo la lupa

De acuerdo con las investigaciones presentadas por la cancillería mexicana, el 64% de las muertes documentadas ocurren dentro de centros de detención operados por empresas penitenciarias privadas con fines de lucro. De los 17 casos denunciados en lo que va de la administración actual de Donald Trump, 14 sucedieron dentro de estos complejos carcelarios y 3 durante operativos en campo.

Tanto organizaciones civiles como el gobierno de México denuncian de manera tajante una «denegación sistemática» de atención médica básica. La acusación sostiene que estas prisiones privadas recortan deliberadamente los gastos de salud y personal con el único objetivo de maximizar sus ganancias corporativas, poniendo en riesgo letal a los internos.

El caso Lorenzo Salgado: El detonante en Houston

El punto de quiebre que aceleró esta ofensiva jurídica fue la muerte del connacional Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, un incidente que mantiene versiones totalmente opuestas entre ambos gobiernos:

• La postura de EE. UU.: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que Salgado no era el objetivo original del operativo, pero que desobedeció los mandatos de la autoridad, embistió una patrulla e intentó atropellar a un agente, lo que provocó que este disparara en defensa propia.
• La defensa mexicana: Familiares y testigos sostienen que Salgado era un trabajador de la construcción con 35 años de residencia en EE. UU. y sin antecedentes penales. Sus abogados aseguran que la evidencia en video demuestra que el migrante ni siquiera se encontraba dentro de su vehículo al momento de recibir los impactos de bala.

Ofensiva internacional ante la CIDH

Ante lo que México califica como una «falta de cooperación flagrante» por parte de las agencias federales de la Unión Americana para esclarecer los hechos, las acciones de la SRE no se limitarán a las fiscalías locales. El gobierno mexicano confirmó que elevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y participará de forma activa como amicus curiae (amigo de la corte) en las demandas civiles colectivas que ya avanzan contra las corporaciones penitenciarias privadas.

La escalada jurídica promete tensar aún más las mesas de negociación en materia migratoria y de seguridad entre el Palacio Nacional y la Casa Blanca durante las próximas semanas.