LEÓN, GTO. – La administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo enfrenta una semana de intensas críticas y distanciamiento con la sociedad civil organizada, tras una serie de declaraciones y decisiones presupuestales que han encendido los reclamos de colectivos de búsqueda y grupos culturales en la entidad.

El caso Cecilia García: La chispa de la indignación

El conflicto más agudo se originó tras el asesinato de Cecilia García Ramblas en el municipio de Salamanca. Durante un encuentro con medios, la mandataria estatal afirmó que la víctima no formaba parte del colectivo «Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos» ni contaba con el estatus formal de buscadora.

Estas palabras provocaron una reacción inmediata de la plataforma Desaparecidxs Guanajuato. A través de un comunicado oficial, el colectivo calificó las declaraciones de la gobernadora como «no verídicas» y acusó al Ejecutivo de incurrir en la revictimización de García Ramblas.

“Negar su labor es negar la realidad que viven cientos de familias en el estado”, señalaron integrantes de grupos de búsqueda, quienes ya han solicitado la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) para que se emita una postura sobre el trato institucional hacia las víctimas indirectas de la violencia.

Polémica por «concierto privado» de 5 millones de pesos

A la crisis de seguridad se suma un frente de crítica financiera. Colectivos culturales del estado denunciaron un gasto de 5.3 millones de pesos destinados a un concierto de la cantante Lucero, el cual tuvo una duración de apenas 40 minutos y un acceso restringido mediante invitación.

Los gestores culturales señalaron la desproporción en el gasto, subrayando que el monto destinado a este único evento equivale prácticamente a la totalidad del presupuesto anual (5 millones de pesos) asignado para el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en todo el estado.

Una gestión bajo la lupa

Aunque Libia García inició su sexenio bajo la promesa de una «nueva era» para Guanajuato, estos eventos han puesto a prueba la relación de su gobierno con los movimientos sociales. Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Gobierno no ha emitido una respuesta adicional para calmar las tensiones con los colectivos de búsqueda, quienes exigen una disculpa pública y el reconocimiento pleno de la labor de las buscadoras en la entidad.