CIUDAD DE MÉXICO.– Los congresos estatales en todo el país avanzan en la homologación de sus constituciones locales para incorporar la elección por voto popular de jueces y magistrados. Esta transición legislativa coincide con la reciente propuesta de reforma del Ejecutivo federal que busca aplazar el segundo bloque de comicios judiciales para el 4 de junio de 2028, con el objetivo de garantizar una transición ordenada en las entidades federativas.

Unificación y nuevos criterios de selección

Los nuevos proyectos de reforma en los estados buscan replicar los lineamientos de la federación bajo criterios de paridad de género y voto directo. Para evitar la saturación de las boletas y simplificar el proceso para los ciudadanos, las legislaturas locales analizan los siguientes mecanismos unificados:

• Comisión Coordinadora Única: Fusión de los comités de evaluación de los tres poderes para aplicar exámenes homogéneos de conocimientos a los aspirantes locales.
• Insaculación obligatoria: Uso de tómbolas para reducir drásticamente el número de candidatos elegibles que aparecerán en las boletas.
• Votación por distritos: Territorialización del voto para que los ciudadanos elijan únicamente a los juzgadores adscritos a su demarcación local.

Ajuste presupuestal y coordinación operativa

El análisis en los congresos locales también prioriza el impacto financiero. Las comisiones de presupuesto trabajan en coordinación con los institutos electorales locales y el Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar el financiamiento de las mesas de casilla y el escrutinio, garantizando que la jornada electoral concurrente de 2028 cuente con la infraestructura operativa necesaria sin desfalcar las arcas estatales.