Ale Gutiérrez, denunció públicamente ser víctima de persecución política y «violencia institucional», acusaciones que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo rechazó categóricamente, defendiendo las auditorías como un ejercicio normal de transparencia.

Ale Gutiérrez acusa «mafia del poder» y presiones

La alcaldesa de León señaló que la reciente aprobación de una auditoría integral a su administración es una represalia tras su salida del PAN para unirse a Movimiento Ciudadano. Gutiérrez afirmó tener las «manos limpias», pero cuestionó la selectividad del Congreso Local:

• Uso institucional: Acusó a liderazgos de su anterior partido de usar las instituciones para presionarla.
• Amenazas directas: Reveló que integrantes de su propio Ayuntamiento le advirtieron que conocería «el poder del poder».
• Exigencia de piso parejo: Cuestionó por qué no se aplican auditorías forenses similares en municipios que presentan observaciones financieras más graves.

Libia García defiende la legalidad de las revisiones

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato descartó cualquier tipo de revancha política o acoso institucional en contra del gobierno leonés:

• Normalidad democrática: Afirmó que las revisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) son procesos ordinarios del marco legal.
• Cuestionamiento: Declaró textualmente: «¿En qué momento la transparencia y la rendición de cuentas pasaron a llamarse persecución política?».
• Institucionalidad: Aseguró que el propio Gobierno del Estado es auditado de manera constante sin que esto signifique un ataque.

El origen del conflicto

El Congreso del Estado de Guanajuato ordenó formalmente una fiscalización profunda a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 del municipio de León. Esta revisión extraordinaria pondrá bajo la lupa contratos asignados a proveedores específicos por presuntas irregularidades, así como los movimientos financieros de diversos patronatos municipales, incluido el del Parque Zoológico de León.