Tras una reforma que endurece las sanciones, autoridades reconocen que los casos van en aumento, aunque aún no hay resoluciones.

Desde que el acoso sexual fue tipificado como una falta administrativa grave en el estado, la realidad comenzó a tomar forma en números: hasta ahora se han registrado 180 denuncias por acoso y hostigamiento dentro de dependencias gubernamentales, una cifra que no solo refleja un problema estructural, sino también una mayor apertura para denunciar este tipo de conductas.

La reforma, aprobada el 27 de noviembre de 2025, modificó la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para reconocer formalmente estas prácticas como faltas graves, lo que permite que los casos sean sancionados con mayor severidad y no queden únicamente en criterios internos o códigos de ética. Antes de este cambio, estas conductas debían encuadrarse en otras figuras legales, lo que complicaba su atención y, en muchos casos, diluía su gravedad.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de la Honestidad, Arcelia González, del total de denuncias registradas, 98 corresponden a acoso laboral, 58 a acoso sexual y 24 a hostigamiento laboral. Sin embargo, el dato más revelador no está solo en la cantidad, sino en el momento: la mayoría de estos casos se han presentado en un periodo relativamente corto tras la reforma, lo que sugiere que el problema no es nuevo, sino que apenas comienza a visibilizarse con mayor claridad.

A pesar del volumen de denuncias, ninguna ha derivado aún en una sanción bajo este nuevo marco legal. Las autoridades explicaron que muchos de los casos continúan en proceso de investigación o en etapa de sustanciación, y que será con el paso del tiempo cuando comiencen a emitirse resoluciones formales. Esto deja un escenario en pausa: hay denuncias, hay marco legal, pero todavía no hay consecuencias visibles.

Incluso, algunos expedientes anteriores a la reforma siguen siendo atendidos bajo criterios distintos, mientras que los nuevos casos ya deberán escalar hasta el Tribunal de Justicia Administrativa, al tratarse de faltas graves. Este cambio implica un proceso más riguroso, pero también más lento, lo que podría retrasar la percepción de justicia para las víctimas.

En lo que va de 2026, las cifras continúan creciendo, con al menos 11 casos de acoso laboral y 7 de acoso sexual registrados en los primeros meses del año, lo que confirma que el fenómeno no solo persiste, sino que sigue emergiendo dentro de la estructura gubernamental.

Más allá de los números, el reto ahora está en lo que sigue: que las denuncias no se queden únicamente en registros administrativos, sino que se traduzcan en sanciones, precedentes y, sobre todo, en un cambio real dentro de las dinámicas laborales del sector público.